FNI concluye un nuevo aporte a Naciones Unidas sobre participación social en los asuntos públicos, con información sobre tortura, violencia de género, vivienda, discriminación racial, derechos a la tierra y derechos LGBTI
Hands up in a demonstration. Source: Unsplash / Chris Slupski.
En 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 39/11, sobre “Participación igualitaria en los asuntos políticos y públicos”.
La Resolución solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que preparara un informe de seguimiento sobre la participación social en consulta con los Estados y otras partes interesadas relevantes.
En 2021, tras dicha solicitud, la ACNUDH lanzó una convocatoria de contribuciones escritas. En respuesta, el Observatorio Global de Derechos Humanos del FNI concluyó un nuevo informe: “Good Practices and Challenges on Participation: input to the UN regarding Brazil”.
El informe del FNI se basa en una variedad de fuentes, incluyendo legislación y órdenes ejecutivas, otras fuentes gubernamentales y documentos de organizaciones internacionales, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los temas de preocupación incluyen una retractación reportada de instituciones que son fundamentales para la participación social e información sobre cómo la participación social se relaciona con diferentes temas de seguridad pública; prevención de la tortura; violencia de género y mujeres defensoras en la vida pública; acceso a la vivienda; discriminación racial contra los afrobrasileños; el consentimiento informado de las comunidades quilombolas frente a proyectos de desarrollo e interferencias en sus tierras; y los derechos de las personas LGBTI.
Denuncian retractación de instituciones vitales para la participación social
Según, v.g., la CIDH, desde su redemocratización Brasil ha logrado avances significativos en participación social. La Constitución democrática de 1988, la adopción de diversas legislaciones internacionales e internas basadas en derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, con la realización de elecciones periódicas, representaron grandes avances para la participación social en el Estado.
Sin embargo, recientemente ha habido una retracción de instituciones que son vitales para una democracia participativa, especialmente Consejos, Comités y Comisiones que amenazan la participación social de grupos históricamente excluidos y sus aliados en Brasil.
Seguridad Pública
La CIDH tomó nota de los esfuerzos del Estado para llenar un vacío de larga data en la participación social frente a la gobernanza de la seguridad pública. Estos esfuerzos incluyeron, en 2009, la Primera Conferencia Nacional de Seguridad Pública (I CONSEG); y la instalación de la primera mesa tripartita del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASP), integrada por representantes del gobierno, trabajadores de la seguridad pública y la sociedad civil.
Por otra parte, la Comisión expresó su preocupación por los retrocesos observados en la participación social en la gobernanza de la seguridad. Los retrocesos en la participación incluyeron la eliminación del Consejo de Seguridad Pública.
Prevención de la tortura
El contexto nacional en Brasil es el de prácticas generalizadas de tortura y malos tratos, especialmente contra los afrodescendientes y los pobres.
Brasil es una Federación de 27 Estados. Entre ellos, sólo seis tienen leyes que establecen un mecanismo a nivel estatal para prevenir la tortura, y sólo dos implementan efectivamente un mecanismo de ese tipo. Además de ellos, se estableció un Mecanismo Nacional a nivel del gobierno federal.
Sin embargo, las medidas recientes debilitaron el Mecanismo Nacional. Parte del personal del Mecanismo fue despedido y prácticamente no había recursos que les permitieran realizar su trabajo de manera eficaz.
La violencia de género
La CIDH reconoció los esfuerzos realizados por el Estado para detener las muertes violentas intencionales de mujeres, incluida la aprobación de la ley Maria da Penha.
Sin embargo, la Comisión señaló que continúa recibiendo información sobre violencia contra las mujeres y diversos obstáculos que enfrentan las mujeres en sus intentos de acceder a la justicia.
Las defensoras de derechos humanos todavía enfrentan estereotipos de género que rechazan su participación en la vida pública.
Acceso a la vivienda
Millones de familias todavía no pueden acceder a una vivienda adecuada en el país. Los derechos de participación son importantes para que esta situación cambie, ya que la falta de vivienda adecuada está claramente vinculada con la exclusión tanto económica como sociopolítica.
Discriminación racial contra los afro-brasileños
Históricamente, las personas afrodescendientes se han visto afectadas por la discriminación estructural y el racismo institucional en Brasil.
Ha habido esfuerzos en el pasado para promover la igualdad racial –v.g., el trabajo realizado por la Secretaría Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SNPPIR) (creada en 2003); y el importante papel del Consejo Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial (CNPIR), vinculado al SNPIR, que garantiza la participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas encaminadas a la igualdad racial.
Sin embargo, los afrobrasileños siguieron estando subrepresentados entre los funcionarios electos en todos los niveles y ramas, a pesar de ser una mayoría demográfica. En el sector empresarial, una fracción aún menor de los puestos ejecutivos y gerenciales de alto nivel está ocupada por personas de ascendencia africana.
Participación y derechos de las personas LGBTI
Brasil ha visto avances en la protección de los derechos básicos de las personas LGBTI, incluido su derecho a casarse y utilizar un nombre social. Había habido un aumento en la participación política de las personas LGBTI, con un número récord de candidatos LGBTI en las elecciones de 2018. Sin embargo, el país aún vive con índices extraordinariamente altos de violencia contra las personas LGBTI.
Derechos territoriales de las comunidades tradicionales quilombolas
Un componente importante de la participación se encuentra en el derecho de las comunidades tradicionales a participar en las decisiones que las afectan.
En 2021, la CIDH destacó la importancia de que el Estado “realice consultas genuinas, culturalmente apropiadas, de consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades quilombolas de Alcântara, Maranhão, donde se instaló una base militar de lanzamiento de cohetes y ahora se encuentra con planes de expansión derivados de un Acuerdo entre Brasil y Estados Unidos.
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