En medio de la rápida expansión de las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos solicitó información de un amplio espectro de partes interesadas, de acuerdo con un cuestionario predefinido.
En respuesta al Grupo de Trabajo de la ONU, el Instituto de Hechos y Normas (FNI) preparó una nota técnica que aborda las relaciones entre ESG, inversiones y derechos humanos.
ESG, Inversiones y Derechos Humanos
Elaborada por los profesores Bárbara Dayana Brasil y Henrique Napoleão Alves, la aportación del FNI a la ONU proporciona una comprensión de lo que significa ESG en las finanzas y cómo los factores ESG y los derechos humanos pueden relacionarse con las inversiones.
La aportación también proporciona un esquema útil para futuros estudios sobre cómo los principales tipos de inversores pueden tener en cuenta los factores ESG y los derechos humanos en sus compromisos y procesos de toma de decisiones.
En este sentido, el estudio del FNI sugiere preguntas que deben formularse en relación con los principales inversores institucionales, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa, inversores de impacto, fondos soberanos de riqueza, inversores minoristas, oficinas familiares e individuos de alto patrimonio neto, empresas de capital riesgo y capital privado, instituciones de financiación del desarrollo, gestores de activos, entre otros.
ESG ofrece riesgos y oportunidades para los derechos humanos
La aportación del FNI advierte sobre cómo el riesgo de que los criterios ESG sean dominados por las grandes corporaciones y las burocracias podría beneficiar injustamente a las grandes empresas, permitiéndoles cumplir o influir en los requisitos ESG y utilizarlos como herramientas de marketing, mientras que las entidades más pequeñas se esfuerzan.
Por el contrario, la adopción de prácticas ESG ofrece importantes oportunidades para las empresas e inversores al mitigar posibles daños, evitar problemas legales y mejorar la credibilidad con las partes interesadas. Las medidas ESG eficaces incluyen la integración de políticas de derechos humanos, la realización de la debida diligencia y el establecimiento de mecanismos de reparación para los impactos adversos, lo que se alinea con las tendencias del mercado sostenible y cumple con los compromisos tangibles hacia los derechos humanos.
El papel de los Estados y las organizaciones internacionales
A nivel mundial, diversos mecanismos y regulaciones a nivel estatal, regional e internacional buscan alinear las inversiones y la financiación con los criterios ESG, incorporando consideraciones de derechos humanos y adhiriéndose a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP).
La Ley Francesa de Deber de Vigilancia de las Empresas obliga a las grandes corporaciones a mitigar los impactos negativos en derechos humanos y medioambientales, con consecuencias legales por incumplimiento. La Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido exige transparencia para eliminar la esclavitud y la trata de personas, influyendo en las inversiones centradas en ESG al promover prácticas éticas. La Constitución de Brasil y la legislación reciente enfatizan la justicia social, la protección ambiental y los derechos humanos, integrando los principios ESG en las actividades económicas y exigiendo responsabilidad a las entidades por las violaciones.
En Estados Unidos, el crecimiento de los fondos ESG contrasta con los esfuerzos legislativos anti-ESG que desafían la integración de las consideraciones de derechos humanos y ambientales. A nivel internacional, los Principios de Inversión Responsable (PRI) y los Principios del Ecuador abogan por una inversión responsable y la gestión de riesgos ambientales y sociales, a pesar de las críticas a su efectividad.
Las Directivas de la UE sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa y la próxima Directiva de Debida Diligencia en Materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente exigen evaluaciones de riesgos integrales en las cadenas de suministro, reforzando la tendencia global hacia prácticas empresariales sostenibles y responsables.
Fomentando los derechos humanos en la inversión y las finanzas
Las notas técnicas del FNI concluyen con una sistematización de las medidas que los Estados pueden adoptar para fomentar los derechos humanos a través de la inversión y las finanzas.
Estas incluyen acciones legislativas para exigir la debida diligencia en materia de derechos humanos, requiriendo que las empresas identifiquen, mitiguen e informen sobre los impactos en los derechos humanos. Desarrollar marcos regulatorios que integren las consideraciones de derechos humanos en las obligaciones de cumplimiento e información, asegurando que sean justos para todas las empresas, incluidas las pequeñas. Las políticas deben alinearse con los Principios Rectores de la ONU y detallar los pasos de implementación relacionados con las empresas.
Los Estados también pueden apoyar el desarrollo de capacidades proporcionando orientación y capacitación para integrar los derechos humanos en las decisiones financieras. Incentivar la inversión responsable a través de beneficios fiscales o reconocimientos, fortalecer los mecanismos de queja para las personas afectadas e incluir la debida diligencia en materia de derechos humanos en las compras públicas puede influir en el comportamiento corporativo. La cooperación internacional es crucial para promover las normas globales de derechos humanos.
Establecer órganos de control independientes con poder para hacer cumplir el cumplimiento, exigir informes transparentes sobre los impactos de las inversiones en los derechos humanos e involucrar a las partes interesadas en la formulación de políticas puede garantizar que las medidas regulatorias sean informadas y efectivas.
Para leer el informe completo | la aportación, haga clic aquí:
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