Un nuevo estudio del Instituto Hechos y Normas aborda el contexto brasileño de la Justicia Transicional y cómo la agenda para la paz y la justicia transicional se conecta con la igualdad y la justicia social.
"Una manifestación a favor de João Goulart". 1963. Fuente: Wikimedia Commons; Dominio público / Colección Arquivo Nacional.
La imagen muestra manifestantes y policías. Las pancartas exhibidas llevan mensajes relacionados con las demandas de los trabajadores y el apoyo a la reforma social.
La justicia transicional es importante para los objetivos de desarrollo sostenible. Este fue el leitmotiv de una Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 (Resolución 42/17 sobre Derechos Humanos y Justicia Transicional).
La Resolución también solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que examine cómo abordar un legado de graves violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a través de medidas de justicia transicional puede contribuir a sostener la paz.
Tras dicha solicitud, la ACNUDH invitó a los Estados y otras partes interesadas relevantes a presentar contribuciones por escrito para ayudar en la tarea del Alto Comisionado.
En respuesta, el Instituto de Hechos y Normas (FNI) elaboró el informe titulado “Justicia transicional y la realización del ODS 16: aportes a la ONU sobre Brasil”.
El informe, un esfuerzo de investigación del Observatorio Global de Derechos Humanos del FNI, se basa en una variedad de fuentes, incluidos estudios académicos cuantitativos y cualitativos, informes de organizaciones internacionales y jurisprudencia internacional.
Violencia estatal e impunidad
Durante la dictadura de 1964-1985 en Brasil, hubo numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas suspensiones arbitrarias de derechos políticos y detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Al mismo tiempo, los argumentos de prescripción y amnistía, entre otros, impedían una investigación completa y la rendición de cuentas por tales violaciones. Esto siguió siendo así incluso después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerara ilegal la Ley de Amnistía brasileña.
Después de que terminó la dictadura, Brasil siguió sufriendo altos niveles de violencia, incluidas prácticas habituales de tortura y ejecuciones extrajudiciales dirigidas principalmente a afrodescendientes y pobres.
La violencia contemporánea podría vincularse a los límites de la justicia transicional en Brasil. Hay pruebas que sugieren una continuidad de la acción policial letal y un paralelo entre las doctrinas actuales de “eliminar al enemigo” y las doctrinas pasadas de seguridad nacional.
También hay evidencia que sugiere que los procesos de transición pueden redefinir los criterios para la coerción estatal: cuando exponen, juzgan y castigan a agentes estatales por violaciones graves de derechos humanos, estos procesos podrían ayudar a prevenir el uso abusivo y desproporcionado del poder estatal.
"Parece haber una legitimación social de las ejecuciones extrajudiciales. En el fondo de esto se encuentra una visión generalizada de que los derechos humanos son "privilegios" otorgados a bandidos indignos."
Una visión generalizada contra los derechos humanos
Según diversas fuentes, existe cierta legitimidad social de las ejecuciones extrajudiciales en Brasil. En el fondo de esto se encuentra una visión generalizada contra los derechos humanos bajo la falsa idea de que serían equivalentes a "privilegios" otorgados a bandidos o forajidos indignos.
La transición de la dictadura de 1964-1985 a la democracia fue interpretada como el momento en el que esta visión comenzó a cultivarse con éxito entre el público en general.
Las detenciones arbitrarias y las malas condiciones carcelarias de los presos políticos durante el régimen fueron generalmente entendidas como injustas en el período inmediatamente posterior a la dictadura.
Esto, sin embargo, nunca llegó a los presos comunes, a pesar de los esfuerzos por humanizarlos ante el público.
Articulados principalmente por sectores de la Iglesia católica, movimientos de derechos humanos y parte de la clase política democrática, estos intentos de humanización encontraron la oposición de miembros de la policía, políticos de derecha y segmentos de la prensa.
"La desigualdad es un fuerte predictor de violencia. El golpe militar de 1964 impidió que el presidente electo adoptara una agenda prosocial."
"En tiempos democráticos, el país sigue profundamente marcado por la desigualdad. Y la violencia".
Violencia, desigualdad y justicia transicional
Se ha informado que la desigualdad es un predictor muy fuerte de la violencia, quizás el factor más fuerte.
Brasil tiene una historia de profunda desigualdad social que precede y sucede a la dictadura. Sin embargo, los datos empíricos indican que la dictadura revirtió una tendencia anterior de disminución de la desigualdad durante el interregno democrático de 1945-1964.
El golpe militar de 1964 impidió que el presidente electo adoptara una agenda prosocial que incluyera reformas distributivas en materia de tierra, impuestos y otras áreas.
A pesar de ser medidas adoptadas anteriormente por sociedades capitalistas desarrolladas, las reformas básicas fueron enmarcadas por los militares como signos de un complot comunista para justificar el golpe.
En tiempos democráticos se avanzó en materia de inclusión social. Sin embargo, el país sigue profundamente marcado por la pobreza y la desigualdad. Las medidas distributivas comunes y sensatas que fueron adoptadas por las naciones capitalistas desarrolladas en el pasado, como la reforma agraria o los impuestos progresivos, aún no se han implementado plenamente.
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